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1997 Invercolsa. Fernando Londoño Hoyos

1997 Invercolsa. Robo $9 mil millones. A principios de los años 90, Ecopetrol organizó parte de sus inversiones en Invercolsa ‘Inversiones de Gases de Colombia S.A.’, contratando la asesoría de ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’, del abogado Fernando Londoño Hoyos, mininterior y de justicia durante los años 2002 y 2004. Londoño actuó como representante legal hasta 1995, a través de un contrato comercial de mandato con representación. Dos años después, Ecopetrol decidió vender las acciones que tenía en Invercolsa. De acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, cuando el Estado quiere vender una empresa, debe ofrecerla primero al sector solidario, a los trabajadores y ex trabajadores, en condiciones preferenciales. Londoño, comprobando su relación laboral con Invercolsa a través de una falsa certificación dada por el nuevo representante de la firma ‘Enrique Vargas Ramírez’, compró un paquete equivalente al 20% de la empresa, 145 millones de acciones por $9 mil millones, us4.657.000.
         Ecopetrol inició acciones para exigir que los compradores pertenecieran efectivamente al sector solidario, alegando que Londoño Hoyos había presentado un documento laboral que no reunía los requisitos legales. Londoño inició contra Invercolsa un proceso ordinario laboral para reclamar el pago de salarios y prestaciones causados entre 1990 y 1995 años en los que fue representante legal por delegación de la consultora ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda.’ Si se le reconocían estos pagos, implícitamente se legitimaría su estatus de ex empleado.
         Pero mientras las investigaciones judiciales avanzaban, Londoño entregó las acciones a un encargo fiduciario para respaldar un crédito del Banco del Pacífico, del que era miembro de la junta directiva. Así, a partir del 27 de mayo de 1999 el beneficiario de las acciones es la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, Afib, de Panamá. En diciembre de 2003, el Consejo de Estado falló una acción popular en la cual determinó que Londoño Hoyos adquirió las 145 millones de acciones de Invercolsa de manera irregular, y ordenó devolver esos dineros al Estado. Londoño apeló esa decisión y en 2005 el Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia. No obstante, Ecopetrol y la Procuraduría insistieron en la ilegalidad de los hechos y la Corte Constitucional, en el 2007 les dio la razón.
La Procuraduría sancionó disciplinariamente a Fernando Londoño con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por este caso. Este presentó su carta de renuncia como Ministro del Interior luego de que la Supersociedades le impusiera una sanción por la adquisición de las acciones.
         Londoño Hoyos y la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., deben devolver a los accionistas de Invercolsa un total de $4.223.896.809 millones, us2.185.000, por concepto de dividendos percibidos durante el tiempo que las acciones estuvieron bajo su custodia. Hasta el momento no se ha hecho efectivo.
         Durante el período de Londoño como ministro del interior y de justicia, en el período presidencial, la supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.
        En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones.
        El Juzgado determinó que Londoño no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo.

         La Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.

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