Servidores
Públicos Implicados
1º Gabriel Ignacio García
Morales. Vicetransporte. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de
us6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma
adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2, excluyendo a otros competidores.
2º Rodrigo Aldana.
Fiscal. En mayo de 2017, se le imputaron
nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la
administración pública, al entregar un apartamento en el norte de Bogotá al
fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a quien en abril le imputaron cargos por
cohecho propio, prevaricato por omisión, concertación para cometer delitos
contra la administración pública, para que emitiera una resolución de extinción
de dominio a 3 haciendas en el departamento de Córdoba.
3º Miguel Esteban Peñaloza Barrientos.
Mintransporte. Demayo a agosto de 2012. Peñaloza era consejero presidencial en 2010 cuando
el gobierno adjudicó el tramo 2 de la Ruta del Sol, había sido vinculado al
proceso por el escándalo de sobornos de Odebrecht mediante interrogatorio en la
Fiscalía. La Procuraduría lo investiga por enriquecimiento patrimonial
injustificado. La investigación se refiere al testimonio que entregó el
vicetransporte, García Morales lo involucra, pues presionó para que el contrato
le quedara a la firma brasileña, a cambio de eso habría recibido una tajada de
los sobornos.
Peñaloza renuncio como
mintransporte, por tener millonarios contratos con el estado, a través de PyG,
una compañía fundada por él, que pertenece a su esposa e hijos. PyG maneja más
de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas como el mineducación,
la Superservicios Domiciliarios, el ISS, Seguros Sociales, Invías, Findeter, el
FNA, el Sena. Dichos contratos habrían sido otorgados mientras Peñaloza se
desempeñó como consejero presidencial en 2006. Ha sido Vicepresidente de
Planeación del Grupo Ethuss, cuyo principal accionista es el empresario William
Vélez, presidente de junta directiva del Grupo Odinsa y miembro de la junta
directiva de la EEB, Empresa de Energía de Bogotá.
4º Luis
Fernando Andrade Moreno. Presidente de la ANI. Agencia Nacional
de Infraestructura. Para estructurar la adición, y que en las reuniones con
Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el
Congreso.
5º Juan Sebastián
Correa Echeverry.
Funcionario de la ANI. Cobijado con medida de aseguramiento en la cárcel La
Modelo, por estar implicado en el escándalo de Odebrecht. Era el enlace de la
ANI con el Congreso. Servía de intermediario entre Otto Bula, Roberto Prieto y
Andrés Giraldo. La Fiscalía le imputó 5 cargos por tráfico de influencias de
servidor público, utilización indebida de información oficial y privilegiada,
abuso de función pública, amenazas a testigo y falso testimonio, este último,
porque en el interrogatorio rendido ante la Fiscalía dijo no conocer a Otto
Bula. Por estos delitos, Correa podría pagar una condena de 12 años de prisión.
6º
y 7º Gina Parody
y Cecilia Álvarez. A interrogatorio. La Fiscalía en agosto 18 de 2017,
escuchará en interrogatorio a la mineducación, Gina Parody, y la
mintransporte, Cecilia Álvarez. El ente investigador tiene en su radar a estas
2 ministras por su relación con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, la cual se
aprobó en 2014 y se sustentó con el Conpes 3817 de octubre de 2014. De acuerdo
con otra de las líneas de investigación de la Fiscalía, para que Odebrecht se
quedara con esa adición, la empresa brasileña pagó sobornos a varios servidores
públicos. El Conpes fue firmado por todos los ministros de la época, entre los
cuales estaba Álvarez en la cartera de Transporte. Con esta diligencia, la
Fiscalía trata de establecer si esa
decisión benefició a la familia de Gina Parody, pareja de Álvarez, la cual es
propietaria de un puerto seco que está ubicado cerca de la vía que se aprobó.
La Procuraduría citó a declarar a Parody y hay una indagación preliminar
contra Álvarez.
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